La reclamación se fundamenta en la «falta de vigilancia continuada en un tratamiento peligroso, con los consiguientes daños causados por la extravasación de la quimioterapia». Según el informe de la Administración, una de las complicaciones más graves cuando se administran tratamientos como el recibido por el enfermo es la extravasación, pues su incidencia se ha valorado entre el 0,1 y el 6 por ciento. En cuanto a su evolución, «puede afectar a la funcionalidad del miembro donde se ha producido y, en los casos más graves, puede ser necesaria su amputación».
Una vez producida la salida del fármaco, las medidas inmediatas para su tratamiento serán «evitar que se siga produciendo, intentar extraer el fármaco extravasado y la aspiración de citostático», entre otras. La Administración también aclara que el mejor tratamiento para la extravasación es «su prevención», y para ello «hay unas normas ampliamente difundidas que conviene seguir como el tipo de personal que administra la terapia, el lugar de venopunción, el material con el que se realizará la administración, la comprobación del acceso venoso y el método de administración correcto y la observación de las sensaciones del paciente».
El servicio de salud, que acoge las argumentaciones de Roberto Gómez Menchaca, abogado del enfermo, admite que en este supuesto «se produjo una extravasación y durante su estancia en el hospital no están registrados los cuidados de enfermería a lo largo del tratamiento ni está reflejado que se haya informado al paciente sobre los riesgos». En consecuencia, el inspector entiende que «la actuación sanitaria durante la tercera sesión de quimioterapia no se ajustó a la lex artis».
Publicado por Diario Médico el 17 de marzo de 2.009
