Si es verdad que también se sonríe con los ojos, la inmensa mayoría de los protagonistas de este artículo han perdido esa capacidad. No la han perdido. Se la han quitado. Las miradas que Mikel, Joseba, José Luis y Alazne nos regalan para esta información son de tristeza. No ven por uno de sus ojos por la posible toxicidad de un producto -perfluoroctano- aplicado para fijar las retinas desprendidas. La sustancia no está en cuestión. Los oftalmólogos la consideran fundamental en este tipo de cirugías, pero ellos son víctimas de una fatalidad. «¿Por qué me ha tocado a mí? «¿Por qué nos han hecho esto?», se preguntan.
El perfluoroctano de la marca Ala Octa, del laboratorio alemán Ala Medics, que les inyectaron no estaba supuestamente en buen estado, así que les ha atrofiado el nervio óptico y necrosado la retina. El daño se produjo de forma inmediata e irreversible. Les quemó el ojo al instante y para siempre. El Departamento Vasco de Salud tiene hasta ahora registrados trece casos en Euskadi. Los cuatro de una clínica privada de San Sebastián fueron en octubre de 2014 y marzo de este año, mientras que los ocho del Hospital Universitario Donostia y el único de Cruces ocurrieron en junio pasado. Estos trece pacientes son la punta de lanza de las decenas -en círculos médicos se habla de más de un centenar- de afectados en toda España.
Según los mismos medios, el lote o lotes de la sustancia defectuosa se distribuyó por 38 centros sanitarios, públicos y privados, de todas las comunidades, salvo en Galicia y Murcia. Hasta el momento solo la Sanidad vasca ha reconocido lo ocurrido. Asimismo, los médicos de esta comunidad, algunos de los cuales también trabajan en la clínica privada donostiarra, están informando a sus pacientes del motivo por el que ya no ven. En el resto del país, impera el silencio. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó el pasado 26 de junio retirar el producto y lleva cuatro meses investigando, pero sin ofrecer explicaciones a los afectados o a sus representantes legales. Mientras tanto, las reclamaciones empiezan a acumularse en los despachos de los servicios de salud y de los abogados, como en el bufete bilbaíno Gómez Menchaca, especializado en Derecho Sanitario y que tramita reclamaciones de toda España, o en el de la guipuzcoana Ana Olazabal. «Hay un falta total de transparencia», coinciden en decir.
