El juez obliga a pagar la intervención en una clínica privada de un tumor de vejiga y a indemnizarles por el «daño moral» causado.
Enero de 2011 Tomás B. R. se operó en de un cáncer de vejiga en el Hospital Galdakao. 12 meses más tarde el tumor reaparece pero Osakidetza retrasó la nueva cirugía hasta mayo de 2012. Más tarde le propusieron una tercera operación para realizarle una extirpación de la vejiga, la próstata y la vesícula seminal, porque el cáncer vesical inicial había hecho metástasis en otros tejidos. La familia acudió a una clínica privada de Navarra a operarse y tratarse con tres ciclos de quimioterapia. Era tarde, supieron que el cáncer había avanzado y su fallecimiento se produjo en enero de 2013.
La familia presentó una demanda contra Osakidetza, a través del despacho de abogados Gómez Menchaca. Llegaron a la conclusión que la muerte se había precipitado principalmente por el retraso de la segunda operación, lo que favoreció la metástasis. EL despacho de abogados consideró que tenían la opción de reclamar «la carencia de una planificación correcta de la segunda intervención ya que, al no lograr extirpar el tumor, se hizo necesaria una tercera operación con el consiguiente sufrimiento físico y psicológico».
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao ha estimado la demanda y ha dictado una sentencia en la que condena a Osakidetza a abonar a la viuda e hijos de Tomás los casi 64.000 euros que costaron la operación y los tratamientos en la clínica privada. Aunque falleció a los pocos meses, el magistrado considera «razonable y justificada la decisión de recurrir a la atención médica privada».
