Los al menos 108 pacientes de toda España –trece en el País Vasco- que han perdido la visión por el perfluoroctano tóxico (marca Ala Octa) utilizado en sus operaciones de retina están abocados a acudir a los tribunales para conseguir una compensación por el daño causado.
Después de que la distribuidora del producto, la compañía W. M. Bloss, con sede en Barcelona, eludiera cualquier responsabilidad, los abogados de los afectados se dirigieron a la empresa fabricante del producto, la firma alemana Ala Medics. Pero este laboratorio está en quiebra y ha contestado que cualquier reclamación debe remitirse al administrador concursal designado por el juzgado. Esta es la respuesta que ha dado al bufete bilbaíno Gómez Menchaca, que representa a buena parte de los afectados de todo el país.
El abogado Jochen Eisenbeis –que se ocupa de la liquidación de Ala Medics- dice en su misiva que “no está probado que el producto Ala Octa pueda provocar perjuicios en la salud”, una afirmación que contradice los estudios analíticos realizados por el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de Valladolid por encargo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos (AEMPS) y del Gobierno vasco.
El administrador concursal de Ala Medics añade que si los pacientes opinan lo contrario y deciden proseguir con su reclamación deben hacerlo con el procedimiento previsto en la jurisdicción alemana para los casos de empresas insolventes. En definitiva, la respuesta de Jochen Eisenbeis supone un “portazo” a las aspiraciones de los pacientes por las dificultades de todo tipo que acarrearía emprender un pleito en Alemania.
Esta contestación eludiendo cualquier responsabilidad era la esperada por los letrados. De ahí que, de forma paralela, optaran por reclamar a Osakidetza, ya que 8 de los 13 afectados vascos fueron operados en el Hospital Donostia y uno en el de Cruces. Los cuatro restantes se intervinieron en una clínica privada de San Sebastián.
El despacho Gómez Menchaca sigue esperando a una respuesta del Servicio Vasco de la Salud a sus reclamaciones de responsabilidad por ser la empresa pública prestataria de un servicio, unas cirugías oculares, que han resultado nocivas. El plazo de seis meses que tiene para contestar está a punto de concluir. En cuanto finalice, si la respuesta sigue siendo el silencio, se presentarán los contenidos contra la Administración.
