El pasado 25 de noviembre se celebró en Bilbao el juicio penal contra los responsables de la empresa de reparto donde, en junio de 2022, un joven repartidor sufrió la amputación de un dedo de la mano derecha mientras trabajaba sin contrato ni seguro. Iberley
Un accidente grave por ausencia de contrato y medidas de seguridad
El trabajador, de 32 años y de origen colombiano, sufrió un accidente mientras entregaba un paquete en Usansolo: al manipular una caja en una verja, su mano derecha quedó atrapada y perdió el meñique. En ese momento, prestaba servicios sin contrato, en situación irregular, sin alta en Seguridad Social ni cobertura de riesgos laborales. Iberley
Tras el accidente, la empresa intentó ocultar lo sucedido, instando al trabajador a no declarar que se trataba de un accidente laboral. Esta presión y la falta de respaldo legal agravaron la situación del trabajador. Iberley
La acusación de Gómez Menchaca: exigencia de justicia y reparación
El despacho Gómez Menchaca Abogados ejerce la acusación particular en este caso. En la vista oral, solicitamos cinco años de prisión para los dos responsables de la empresa por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros y lesiones, así como una indemnización de 55.000 euros por secuelas permanentes, daño moral y gastos sanitarios futuros. También consta una petición de fianza de casi 50.000 euros como medida cautelar. Iberley
Por su parte, la Fiscalía mantiene una petición de tres años de prisión y una indemnización para el trabajador por lesiones, secuelas y pérdida de ingresos. Iberley
Por qué este caso importa
Este escenario pone de manifiesto la precariedad laboral a la que están expuestos muchos trabajadores en situación irregular, sin derechos ni protección, y la gravedad de las consecuencias cuando ocurre un accidente. Además, visibiliza la necesidad de que la justicia actúe con rigor para sancionar estas vulneraciones de derechos y evitar que se repitan.
Desde Gómez Menchaca, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y con la protección de quienes, por su vulnerabilidad, corren el riesgo de ser explotados. La ley debe garantizar dignidad y seguridad a todas las personas trabajadoras, sin excepción.
La noticia ha aparecido en ElCorreo.com
