60.000 euros. Esa es la cantidad que la aseguradora de un médico que trabaja en una clínica privada de Sabadell deberá abonar, en concepto de indemnización, a una vecina de Vitoria a la que operó de miopía. Así lo ha decidido el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la localidad catalana al constatar que la paciente, que quedó prácticamente ciega y perdió su capacidad para trabajar, no había sido informada correctamente de las consecuencias de la intervención.
Tal y como recoge el fallo, los hechos se remontan a 1.995. La mujer presentaba un cuadro de “miopía magna” por lo que las lentillas eran el mejor método para conseguir una agudeza visual aceptable. Sin embargo, comenzó a sufrir un cuadro de intolerancia a las lentes de contacto que le obligó a recurrir a otras soluciones. Con el fin de evitar la utilización de gafas, el médico le aconsejó que se sometiera a una intervención quirúrgica con cirugía láser.
Según recoge la sentencia, del consentimiento informado previo a la operación se desprende que se comunicó a la paciente que existía el riesgo de que no consiguiera una mejoría tras pasar por el quirófano. “pero no de empeorar respecto a la situación previa”.
Y eso fue lo que ocurrió. La mujer fue intervenida de los dos ojos a la vez. Cuando se llevaron a cabo las revisiones pertinentes, se evidenció “un claro empeoramiento respecto a la situación previa”. Prueba de ello es que, a raíz de la disminución de la agudeza visual, se reconoció la existencia de una invalidez laboral permanente total con una minusvalía del 33 % en 1.999. Con el paso del tiempo, la situación empeoró. En 2.002 la incapacidad había aumentado hasta el 61 %, tal y como certifica la Diputación de Álava.
“Contrato incumplido”
La sentencia estima que el resultado final de la operación era previsible con el diagnóstico completo y añade que existió una “deficiente información previa a la cirugía”. Por ello, el juez considera procedente que se le compense con una indemnización de 60.000 euros. Con todo, el fallo no es firme, por lo que puede interponerse un recurso de apelación.
Tanto en este tipo de operación oftalmológica como en las de cirugía estética, el facultativo se obliga a conseguir el objetivo deseado que, en este caso, era un progreso de la visión. “Se entiende que existe un contrato de arrendamiento de obra que ha sido incumplido. Se recogía que iba a mejorar”, explica el abogado de la demandante, Carlos Gómez Menchaca.
Al parecer, ha habido más sentencias favorables a los pacientes en situaciones similares. “Pero no demasiadas. Se va a consolidar una nueva línea jurisprudencial, vanguardista y progresista”, añade el letrado, quien añade que la disminución de la agudeza visual ha provocado un “fuerte impacto anímico” en esta vecina de Vitoria.
Publicado por El Correo el 26 de septiembre de 2.004
