El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Vitoria ha estimado parcialmente la demanda de los padres de un niño al que se le diagnosticó una parálisis cerebral moderada tras sufrir una asfixia perinatal durante el parto. El menor padece una minusvalía del 33 por ciento y los demandantes mantenían que la causa de su parálisis fue provocada por una circular apretada de cordón que se debió sospechar con el test cardiotocográfico patológico. Alegaban que tales signos de sufrimiento fetal no provocaron ninguna reacción en el servicio médico, “que tenía que haber finalizado de inmediato el parto, mediante cesárea si fuera preciso”, por lo que pedían una indemnización de 900.000 euros.
La sentencia, que recoge las argumentaciones de Roberto Gómez Menchaca, abogado de los padres del menor, concluye que en el presente caso existió un comportamiento negligente por parte de la Administración “por no actuar adecuadamente ante un registro sospechoso de pérdida de bienestar fetal”.
El juzgado de Vitoria se apoya en los informes periciales, que señalan que existieron datos objetivos que permitían afirmar “con certeza la existencia de una relación causa-efecto entre el proceso del parto y la parálisis cerebral que padece el niño”.
En este sentido, los informes argumentaban que ante un resultado acidótico de PH fetal lo adecuado es proceder a la extracción del feto por la vía más rápida y segura, y se preguntan por qué con el resultado de la primera microsoma no se planteó la extracción del feto.
Minutos clave
En este punto el juzgado señala que se puede deducir por la hora del registro del segundo análisis que el tiempo que transcurrió entre éste y el parto fue de 11 minutos. El perito judicial argumenta en su informe que hubo mala praxis en el tratamiento y que la Administración sanitaria incurrió en una infracción de la lex artis “al no actuar adecuadamente ante un registro sospechoso de pérdida de bienestar fetal”.
No obstante, el juzgado modera la cuantía indemnizatoria solicitada por los demandantes, ya que la considera desmesurada. El juez encuentra ajustada una indemnización global de 115.000 euros.
Existió negligencia de la Administración por no actuar de forma adecuada ante un registro sospechoso de pérdida de bienestar fetal.
Publicado por Diario Médico el 15 de abril de 2.009
