Cinco son los casos relacionados con la utilización del producto Ala Octa durante operaciones de desprendimiento de retina en la provincia de Valladolid, cuyo juicio ha comenzado a celebrarse esta semana con las pruebas periciales.
Los afectados, que interpusieron la demanda contra la Consejería de Sanidad como responsable de la cirugía, el fabricante alemán del producto Alamedics, que posteriormente quebró, Mapfre como compañía aseguradora y la distribuidora del mismo en España Wm Bloss de Cataluña, solicitan una indemnización de 200.000 euros para cada uno ellos.
Al contrario de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, en el caso del Río Hortega de Valladolid, resulta difícil conocer qué producto fue utilizado en este tipo de cirugías, puesto que las historias de los afectados no recogen la obligatoria pegatina que los productos sanitarios facilitan en su envase con el objetivo de permitir su trazabilidad, saber qué marca y lote concretos se han empleado, etc.
Los peritos que participaron en la vista oral señalaron que esta práctica de adjuntar la pegatina al historial del paciente no solo es habitual, sino una buena praxis. Asimismo, fuentes jurídicas afirmaron que incluso es una obligación recogida en la ley sanitaria.
Por otro lado, durante el proceso también se confirmó que en los años 2014-2015, en dicho centro hospitalario se empleaban dos marcas más en este tipo de intervenciones.
Otro factor clave es el retraso en el diagnóstico de las secuelas, puesto que en el caso de los afectados de Valladolid, tardaron 3 meses mientras que en otras provincias, lo hicieron en un mes. Este hecho ocasionó que los afectados vallisoletanos no fueran reconocidos por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
Sin embargo, desde este bufete de abogados, el despacho de Gómez Menchaca, representantes de los afectados, consideramos que estos no cumplen criterios puesto que en ese momento no se conocían los diferentes grados de toxicidad de los lotes del Ala Octa. En concreto, la investigación del IOBA determinó que había un lote con el 99% de toxicidad, mientras que el que llegó a Valladolid, tenía el 47%, por lo que al ser menos agresivo, también tardaba más en causar secuelas.
Mientras que los demandados hicieron hincapié en la supuesta «falta de consecuencias morales y de incapacidades graves, e incluso a la ausencia de certificado de incapacidad de ninguno de los demandantes», los afectados señalaron que “resulta una gran casualidad que los cinco hayamos sido intervenidos en similares fechas, en el mismo hospital y coincidiendo las secuelas con la alerta, qué casualidad también que no se hayan etiquetado en los casos con estos graves daños qué producto se empleó”.
Una de las afectadas añade que “no es cierto como se ha dicho en el juicio que no haya daño moral. Perdí mi trabajo, yo llevaba 17 años como administrativo y me ha costado mucho encontrar un nuevo empleo, no estaba preparada para hacer otras cosas”. “El daño emocional es enorme, te destrozan la vida, yo no me atrevo a conducir ni he renovado el carnet”.
Otro de los afectados afirma “yo era profesor de autoescuela en un negocio familiar. Es lo que sabía hacer, con lo que ganaba la vida, era feliz. El mismo día que llegué a urgencias del Río Hortega, por la mañana había estado dando clases con el coche. He tenido que prepararme unas oposiciones para la ONCE y soy peón de obras en el ayuntamiento de Arroyo. Lo que nos ha ocurrido nos ha afectado a toda la familia y ahora vivo con el susto de no perder el otro ojo, de que no se repita el problema. Me hago revisiones continuas”.
Fuente: El Norte de Castilla
