Su abogado, el vizcaíno Carlos Gómez Menchaca, sostiene que el suyo es el proceso más avanzado de entre los afectados en el resto de España.
El suyo fue uno de los primeros despachos en percatarse del riesgo de algunos lotes de Ala Octa y actualmente gestiona la defensa de más de sesenta afectados por este producto. Carlos Gómez Menchaca confía en que en otoño el caso de José Ignacio Sáenz pueda quedar resuelto.
-Actualmente la reclamación por el caso de José Ignacio se remite directamente al Seris.
-La legislación nos permite reclamar al prestatario del servicio que ha realizado la intervención, que en este caso es el Servicio Riojano de Salud. Aquí no se trata de buscar culpas, sino responsabilidades. Se las pedimos al Seris, sin perjuicio de que la indemnización correspondiente luego la pueda repercutir a la empresa farmacéutica.
-Pero Alamedics ha quebrado, ¿significa eso que puede salir indemne de su negligencia?
-En Alemania es relativamente común que en cuanto se mancha la imagen de un laboratorio lo quiebren, pero al margen de ello existe una compañía de seguros que debe responder por los daños causados.
-¿En qué punto se encuentra exactamente la negociación con el Servicio Riojano de Salud?
-Hace unos meses se inició una reclamación de responsabilidad patrimonial de daños y perjuicios al Seris y la verdad es que está cumpliendo escrupulosamente los trámites de naturaleza administrativa. Es el primer servicio sanitario que reconoce abiertamente que uno de sus usuarios resulta afectado y, además, tiene más mérito al reconocer que ese daño lo produce una muestra que un agente comercial introdujo en el sistema. El próximo paso es que la compañía aseguradora se ponga en contacto con nosotros para intentar algún tipo de acercamiento en cuanto a las cuantías a indemnizar.
-¿A cuánto asciende la indemnización que se reclama en el caso de José Ignacio?
-La inmensa mayoría de los afectados coinciden en que lo que quieren es que este tipo de cosas no vuelvan a suceder nunca más. Pero también es cierto que se les ha originado un daño físico, un impacto emocional y, en algunos casos, también una incapacidad laboral. Todo ello ha de traducirse en una cantidad económica que, en el caso de José Ignacio, es provisionalmente de en torno a 250.000 euros.
-¿Y cuándo podría darse por cerrado su proceso?
-Estamos convencidos de que entre septiembre y octubre tendremos una solución para el caso de José Ignacio. Y cabe decir que, gracias al buen hacer del Servicio Riojano de Salud, lo que ocurra con José Ignacio puede ser indicativo de lo que vaya sucediendo con el resto de afectados, porque es el caso más avanzado a efectos de trámite procesal.
