Condena a Osakidetza
La mujer, de 60 años, tenía un pólipo en la vesícula y bocio. Los médicos le dieron cita para una operación programada al no existir una urgencia, ya que se trataba de dos dolencias carentes de riesgo vital. Las intervenciones se realizaron a la vez, el 30 de octubre de 1.997, en el Hospital de Basurto. Los cirujanos llevaron a cabo primero la extirpación de la vesícula mediante laparoscopia y, posteriormente, eliminaron el lóbulo tiroideo derecho.
La paciente llevaba tres horas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos cuando comenzó a quejarse de dificultades para respirar. Los médicos decidieron llevarle de nuevo a la sala de operaciones para revisar la herida. Durante su traslado, sufrió una insuficiencia respiratoria, seguida de una parada cardiaca. Fue sometida a una nueva intervención y pasó a la Unidad de Reanimación. Doce horas más tarde dio signos de muerte cerebral. El encefalograma que se le efectuó resultó plano y se certificó su muerte.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictaminado ahora que Osakidetza deberá pagar cerca de 80.500 euros al marido y la hija de la fallecida al considerar que hubo “una deficiente prestación sanitaria”. En concreto, la decisión judicial considera que hay constancia de que no se adoptaron todas las precauciones necesarias durante la intervención para evitar la hemorragia que acabó con la vida de la mujer.
Los peritos detallaron durante el proceso judicial que a la mujer le había quedado un vaso sangrante tras la operación, justo en una zona de detrás de la tráquea en la que se le intervino para solucionar su bocio. Los expertos indicaron que una hemorragia en esa parte del cuello puede ser muy grave ya que la sangre puede llegar a obstruir la tráquea y dar lugar a la muerte por paro respiratorio. La causa concreta del fallecimiento, sin embargo, no fue el ahogamiento, sino un estrangulamiento por su propia sangre acumulada alrededor de la tráquea, que provocó la falta de oxígeno. El perito se mostró contundente al declarar que durante la intervención “no se adoptaron todas las precauciones debidas para evitar la hemorragia”.
Carentes de riesgo
La familia argumentó que se trataba “de dos intervenciones no urgentes, sino programadas y carentes de riesgo vital alguno, y que la paciente murió por una hemorragia en la misma zona intervenida”, según explicaron fuentes del despacho de abogados Gómez Menchaca, que representó a los afectados. Alegaron también que cuando la enferma fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos no había médico alguno para controlar su estado, y que la enfermera no dio respuesta a las quejas de los familiares sobre la dificultad que presentaba la paciente para respirar. “El médico llegó cuando la enferma estaba realmente mal”, alegó la familia.
Publicado por El Correo el 11 de mayo de 2.004
