Cinco afectados por los casos de ceguera del Río Hortega demandarán a Sacyl ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Amaya Gil, Rafael Martínez Miguélez, Paula Salgado, Jesús del Agua y Luis Manso son los cinco vallisoletanos que iniciarán el proceso judicial para solicitar sendas indemnizaciones ante la finalización de la instrucción del expediente administrativo.
El Sacyl agota a mediados de mayo el plazo de seis meses previsto en Real Decreto 429/2013, de 26 de marzo, para la resolución del mismo, por lo que se procederá a interponer las oportunas demandas judiciales ante el Superior de Justicia contra la administración sanitaria de Castilla y León, según adelanta el despacho de abogados bilbaíno Gómez de Menchaca que gestiona más de la mitad de los 108 casos reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Estas demandas serán las primeras de España por los casos de ceguera tras el uso del perfluoroctano en intervenciones por desprendimiento de retina. Aunque el primer proceso administrativo en el que se cumplía el plazo de seis meses era el caso de la demanda del guipuzcoano Mikel González Etxepare, una ampliación del mismo, ha supuesto que Castilla y León sea la primera comunidad que llegue a los tribunales. El jurista titular que representa a los pacientes de Valladolid, Carlos Gómez Menchaca, explica que Castilla y León ha agotado los plazos sin que la Consejería de Sanidad se haya puesto en contacto ni con él ni con ninguno de los afectados.
El silencio ante las reclamaciones acompañado de la «opacidad» de la administración de la autonomía han imposibilitado ningún acuerdo para evitar el juicio. «Si en quince días no hay respuesta, las cinco personas que se han quedado ciegas llevarán a Sacyl a los tribunales», reitera el abogado bilbaíno, quien aclara que se iniciará el procedimiento sin perjuicio de alcanzar acuerdos indemnizatorios, en cualquier momento, mientras dure el procedimiento. En su opinión, la gestión de Sacyl aunque es «legal» es «injustificable» porque no han respondido a nada.
Indemnizaciones millonarias
La compensación que solicitan los demandantes será millonaria. Aunque desde el despacho de abogados se prefiere no fijar cifras ante la inmediatez del proceso judicial, ya se manejó con anterioridad una cantidad conjunta que supera los 1,5 millones de euros. Gómez Menchaca aclara que cada caso es diferente porque habrá que estudiar la repercusión en sus vidas, edades y situación laboral, entre otros factores, para fijar la indemnización. Si antes no se llega a un acuerdo extrajudicial, se prevé un proceso de 8 a 10 meses, muy largo para los cinco afectados vallisoletanos que quieren cerrar cuanto antes este episodio de sus vidas. No obstante, todos coinciden en que quieren que alguien se responsabilice de su pérdida de visión, y que se haga justicia.
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