Los cinco afectados por el perfluoroctano de Ala Octa, todos ellos intervenidos en el hospital RíoHortega, piden a Sacyl 1,5 millones de euros en concepto de indemnización. El despacho de abogados bilbaíno especializado en casos sanitarios Gómez Menchaca afirma que ya han presentado reclamaciones administrativas por responsabilidad patrimonial ante el servicio de sanidad de Castilla y León, porque consideran que existe una relación causa-efecto «indiscutible» entre las operaciones de desprendimiento de retina con este producto sanitario y la ceguera «permanente» e «irreversible» de las cinco personas.
El laboratorio alemán ha negado que su producto causara la pérdida de visión y ha responsabilizado a los facultativos. Gómez Menchaca considera que las cifras revelan que no se trata de «mala praxis». «Hay 57 casos en España de ceguera con diferentes especialistas y en una intervención con resultados de éxito del 96% indica que no se puede hablar de mala praxis profesional», sostiene el letrado. Además, piensa que los médicos deberían defenderse de estas acusaciones y ayudar a los afectados, algo que no ha ocurrido en el caso de Amaya. Gómez Menchaca lamenta que, en Castilla y León, las autoridades sanitarias no hayan cooperado, a diferencia de los servicios vasco, madrileño o canario. Para el jurista vasco, la actitud de Sacyl es «inapropiada».
